Los Trabajadores Sociales exigen que se deje de hacer "negocio" con la atención a los menores en riesgo

Unos 50 trabajadores sociales se han concentrado este martes ante la sede de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) para exigir que se deje de hacer "negocio" con la atención a la infancia y la adolescencia, y que se les escuche y se les tenga en cuenta durante la transformación de la institución en la nueva Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (Dgppia).

Representantes de CGT Sector Social, convocantes de la concentración, han alertado de la "privatización y precarización del sector social en manos de entidades de dudosa ética, que a menudo solo buscan el lucro económico", señalando que el 98% de centros de la Dgaia se encuentran en manos privadas, y han asegurado que dichas entidades son parte del problema y nunca podrán ser parte de la solución.

En la misma línea, han afirmado que "no se conoce ninguna fiscalización económica" del dinero público que reciben dichas entidades, así como de su tarea educativa, y han pedido actualizar el programa marco de la Dgaia y la cartera de servicios sociales.

CGT ha exigido un aumento del número de profesionales para cumplir las ratios que permitan ofrecer una atención "cualitativa e individualizada", y acabar con las desigualdades entre municipios en capacidad de contratación, la dispersión contractual, las cargas de trabajo inasumibles, la sobreocupación en los centros y los contratos por debajo del nivel profesional, entre otros.

Han apuntado que hay una falta "flagrante" de recursos residenciales en materia de salud mental, que mezcla diferentes patologías en los centros y que el Plan Integral de Salud Mental no da respuesta a las necesidades de los niños; asimismo, han subrayado que no se ha creado la figura de Delegado de Protección contra la victimización que se anunció en 2016.

"Solo nuestra participación activa en la reformulación de la Dgaia, como actores principales y conocedores directos de sus carencias y debilidades, podrá conseguir una exitosa y eficiente reforma integral del Servicio de Protección a la Infancia en Catalunya", han concluido.

Por su parte, representantes del Col·lectiu d'Educadors de Centres Propis (CEC) ha exigido la "participación activa y vinculante" de los profesionales en la reforma de la DGAIA, puesto que, según han dicho, no tienen conflictos de intereses ni están sujetos a coacciones como sí es el caso en las entidades privadas.

Han criticado los incumplimientos de normativas y procedimientos por parte de la Consellera y las entidades del Tercer Sector, así como la "falsa" participación y la falta de transparencia; asimismo, han señalado que solo se está dando voz a los actores que forman parte del ecosistema actual, corriendo el riesgo de que se haga un "vestido a medida de las entidades".

Han pedido además prevención real dentro de los centros --apuntando de nuevo a la figura del Delegado de Victimización-- y protección efectiva a las chicas durante las escapadas, ya que durante estas situaciones se ven expuestas a situaciones "de máximo riesgo".

También han asegurado que hay una "creciente privatización y mercantilización de los servicios de infancia", recordando que todos los recursos creados durante la última década han quedado en manos privadas, y la externalización de recursos como las ludotecas.

Han reclamado a la Conselleria retornar al servicio público todo lo que se ha externalizado en los últimos 10 años, ya que de lo contrario no puede haber control sobre el dinero público.