Acuerdo para traspasar las primeras 10.000 viviendas de la Sareb a los suelos de Árqura

En una operación sin precedentes en la política de vivienda en España, el Sepes ha comunicado a Sareb la selección de las primeras 10.000 viviendas que serán transferidas a la nueva empresa pública de vivienda impulsada por el Gobierno. La iniciativa incluye también la totalidad de los suelos gestionados por Árqura Homes, filial promotora de Sareb y considerada el principal activo estratégico de la entidad.

Estas viviendas proceden en su mayoría de adjudicaciones judiciales ligadas a ejecuciones hipotecarias tras la crisis inmobiliaria de 2008. Aunque su valor de mercado es inferior al de otros activos, su potencial para ampliar el parque público de vivienda asequible es elevado.

Incertidumbre sobre el precio del traspaso

Sareb fue creada con el objetivo de desinvertir más de 50.000 millones de euros en activos tóxicos y aún mantiene un volumen pendiente de cerca de 29.000 millones. Traspasar estas viviendas por debajo del precio de mercado podría implicar un quebranto patrimonial, pero hacerlo a valor real dificultaría el objetivo social del nuevo organismo: facilitar el acceso a vivienda asequible.

El segundo gran eje de la operación son los suelos urbanizables de Árqura Homes, valorados en unos 800 millones de euros. Aunque su venta había despertado el interés de grandes fondos internacionales, el Gobierno optó por congelar el proceso y transferir también estos terrenos a la nueva empresa pública. Según la directora general de Sepes, Leire Iglesias, estos suelos permitirán el desarrollo de decenas de miles de viviendas en el futuro.

Un proyecto estratégico en política de vivienda

La idea de crear una empresa pública de vivienda fue anunciada por el presidente Pedro Sánchez en enero, dentro de su plan para movilizar más de 50.000 inmuebles de titularidad pública, de los cuales al menos 13.000 deben proceder de Sareb. Desde entonces, y con el control estatal consolidado en Sareb a través del FROB, la sociedad paralizó la venta de viviendas a la espera de concretar el acuerdo con Sepes.

Con esta base —viviendas ya construidas, suelos con capacidad edificatoria y financiación pública— el nuevo ente se perfila como la herramienta clave del Ejecutivo para abordar el problema estructural de la vivienda en España. El anuncio formal está previsto este martes, cuando el Gobierno espera aprobar en Consejo de Ministros la creación de la empresa pública de vivienda, marcando un hito que, según fuentes oficiales, definirá la política habitacional de las próximas décadas.