Los alcaldes advierten de la “merma de ingresos” que sufren los ayuntamientos

En una carta firmada por María José García-Pelayo –presidenta de la FEMP– y refrendada por todos los grupos políticos representados (PP, PSOE, ERC, Junts, Sumar, IU y Podemos), los alcaldes advierten de la “merma de ingresos” que sufre el conjunto de los ayuntamientos por valor de 4.800 millones de euros si no se actualizan las entregas a cuenta correspondientes a 2025.

García-Pelayo subraya en su misiva que “la no actualización de las entregas a cuenta y la no liquidación conforme a la previsión oficial” está provocando un agujero presupuestario de casi 5.000 millones que, según sus estimaciones, complica “gravemente la ejecución de los presupuestos municipales”. Varios interventores locales han empezado a dictar “acuerdos de no disponibilidad” para salvaguardar la estabilidad financiera del ejercicio, lo que, de prolongarse la situación, podría traducirse en la paralización de inversiones y el incumplimiento de servicios básicos.

En el documento, la FEMP solicita además que se permita a los consistorios destinar el superávit “a financiar inversiones financieramente sostenibles”, un mecanismo que en los últimos años ha sido clave para impulsar obras de infraestructura, rehabilitación de edificios y proyectos de eficiencia energética. “Estas inversiones no solo crean empleo local, sino que mejoran los servicios públicos y ahorran recursos a largo plazo. Negar a los ayuntamientos la posibilidad de utilizarlos sería un error mayúsculo”, advierte la presidenta de la federación.

Para resolver esta situación, los alcaldes proponen la aprobación urgente de un real decreto-ley que garantice “la suficiencia y estabilidad financiera” de las entidades locales. García-Pelayo remarca que, en caso de presentar esta norma en el Congreso, cuenta con el respaldo de más de 300 diputados –PP y PSOE incluidos–, lo que supondría una mayoría absoluta holgada. “No pedimos privilegios, sino simplemente recibir la parte proporcional de los impuestos recaudados que nos corresponde por ley”, explica.

El origen del conflicto se remonta a la falta de consenso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Montero alegó que, al no convalidarse el decreto ómnibus en el que se incluían las entregas a cuenta –rechazado por el PP en el Congreso–, resultaba imposible actualizar las cifras. A juicio de Montero, la pelota está ahora en el tejado de la oposición: “Depende de las fuerzas presentes en la Cámara que faciliten la aprobación de las cuentas anuales para que podamos desbloquear esos fondos”, afirmó en un breve comunicado.

Los alcaldes preocupados por el riesgo de no tener recursos 

Sin embargo, los alcaldes consideran que esta postura equivale a “castigar” a todos los municipios por la incapacidad del Gobierno para negociar con el PP. “El Ministerio de Hacienda es el único departamento que rehúye el diálogo con la FEMP”, lamenta García-Pelayo, quien recuerda que han enviado más de diez cartas sin recibir ni siquiera un acuse de recibo, salvo la respuesta genérica de Montero. “Estamos en riesgo de sufrir un daño irreparable si no disponemos de esos recursos antes de octubre”, insiste.

En las últimas semanas, varias corporaciones municipales han anunciado recortes en partidas destinadas a inversiones y servicios sociales mientras permanece la incertidumbre sobre la llegada de los 4.800 millones. Desde la FEMP insisten en que, de no aprobarse el real decreto-ley con carácter inmediato, los ayuntamientos no podrán ejecutar sus presupuestos de manera efectiva y se verán obligados a priorizar pagos inaplazables, dejando apartadas obras y proyectos que consideraban “estratégicos” para el desarrollo local.

Los alcaldes, por su parte, advierten que no cejarán en su reivindicación hasta que los fondos lleguen a las arcas municipales o se apruebe un mecanismo legal que garantice la inversión directa en los próximos meses.