​Transparencia en las pensiones: Tú decides

José Molina Molina
José Molina Molina
Doctor en Economía y Sociólogo. Miembro de Economistas Frente a la Crisis y de Transparencia Internacional y Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia

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Los pensionistas han reaccionado con movilizaciones y presentan una batalla reivindicativa y emocionante. El detonante ha sido poner en duda la sostenibilidad de la caja de las pensiones con motivo de haberse quedado sin fondos, y la guinda la cita de la Ministra Báñez afirmando que el 0,25% de subida es un esfuerzo presupuestario muy significativo. La reacción ha sido tomar la calle y hacerse oír para denunciar que el 0,25%, es basura. He asistido como un jubilado más a la manifestación del día 17 comprobando el grado de indignación.


Vivimos con un sentimiento de frustración, hemos trabajando toda una vida para construir un país moderno aportando lo mejor de cada uno de su trayectoria laboral, y ahora sitúan a la población jubilada, una generación que ha sacrificado sus mejores años soportando las dificultades de los años sesenta ysetenta, incluida la represión por las reivindicaciones sindicales con una frustración de ser utilizados por el sistema como elementos a amortizar. Ahora nos queda como nos recomienda Innerarity, avanzar en la extensión de los derechos completando el paso del universo abstracto de los derechos políticos al universalismo concreto de los derechos sociales. Y quien se sienta desbordado de la terea, en vez de culpar a otros, sería mejor dejar paso a la nueva equidad.


Esta situación ha hecho que explote la lista de agravios y se han puesto al descubierto la brecha entre los beneficiarios del crecimiento y la mayoría socialque vive en precariedad económica. 


Es como un toque de atención para lo que se avecina cuando entre en funcionamiento el llamado “factor de sostenibilidad”. Una definición, la de sostenibilidad, que la ley 23/2013 aplica como ajuste automático para que la esperanza de vida, que aumenta, sea lo que justifique como un extraño conjuro, la fórmula de lo que el pensionista debe cobrar. Han creado un círculo vicioso donde a más longevidad menos ingresos, o sea más pobres.


No dejan visión fuera del círculo, todo lo resuelven dentro de los límites de esa mágica formula. No hay una mirada externa al sistema, y actúan como si no existiera el artículo 50 en la Constitución, donde se garantiza el sostenimiento del sistema de pensiones al ritmo que evoluciona la economía. A los responsables de hoy hay que decirles que miren hacia los presupuestos públicos de Francia, Alemania, Italia, y en la mayoría de la UE, en donde se recogen esos apoyos al sistema de pensiones públicas.


Por eso queremos reafirmar, por transparencia en el sistema, que el problema no es demográfico, sino de distribución de recursos. 


Las proyecciones de población a partir del 2050 se mantendrán constantes. Así que tendremos una población constante y un número de pensionistas en aumento. Hasta esa fecha la población no pensionista disminuirá. Y se habla poco, que el PIB a largo plazo aumentará entorno al 2% con una población constante, y con ingresos per cápita crecientes y no lo relacionan con sus efectos para las pensiones, sin embargo, sí tendremos más posibilidades de ingreso para los no pensionistas y menos expectativas de ingresos para los pensionistas. Con esta evolución, si no rectifican, tendremos transferencias de renta de los jubilados a los activos.


SOSTENIBILIDAD


El factor de sostenibilidad, hay que decirlo con claridad, no ha sido elaborado con el rigor que hubiera sido deseable en materia tan importante como esta. Se ha trabajado con técnicas de aproximación, que algunos expertos han calificado de burdas. No se ha explicado con racionalidad ni se divulga con la máxima transparencia el problema de fondo: La rigurosa proyección generacional. Está en juego, como dice Fernández Cordón, de Economistas Frente a la Crisis, el sustento de millones de personas. Suecia, según dicho autor, en su sistema de cuentas nacionales introduce estimaciones periódicas de la esperanza de vida de las generaciones que se jubilan, elaboradas por un órgano gestor del sistema. En España lo correcto sería que el INE elaborara los indicadores necesarios. Sin embargo, se ha optado por la apresurada introducción del correctivo de sostenibilidad, sin ninguna urgencia que lo justifique.


Por eso afirmo, que no hay transparencia en el sistema y que puede pensarse que desde intereses ocultos se está influyendo por causar miedo a la ruina de la caja de las pensiones para huir del amparo público al paraguas de las pensiones privadas. 


Hay que recordar que EUROESTAT afirma que la esperanza de vida es más alta según los niveles de estudio, niveles de ingreso, y baja con la precariedad laboral, o calidad de vida, con una evidente transferencia de renta de abajo a arriba. Otro ejemplo de desigualdad.


Urge abordar el problema con imparcialidad, transparencia y coherencia técnica, para incorporar cuantos cambios sean precisos para mantener el poder adquisitivo. Lo que con toda seguridad implicará aportar para este periodo demográfico, los recursos precisos -que los hay-, pero teniendo muy claro que lo que resulta insostenible no es el sistema, sino los que defienden la precariedad existente y amenazan con la ruina económica si se cambia la estructura de financiación. Los jubilados lo tenemos muy claro, en otros países han encontrado soluciones, sí aquí se pretende utilizar a los pensionistas como comodín para obtener beneficios electorales, el juego es peligroso. Un pensionista hoy, después de haber sufrido las estafas de las preferentes, soportado la crisis y los despilfarros en inversiones públicas inservibles, ha roto su silencio y reclaman todos los derechos, y los quieren ¡ahora!



Artículo publicado originalmente en Catalunyapress

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