La Generalitat borró la llamada del hombre al que le dio un ataque al corazón el día en que 'Tsunami Democràtic' bloqueó el aeropuerto de El Prat
Es crucial esclarecer si 'Tsunami Democràtic' tuvo algún tipo de responsabilidad en que el ciudadano francés sufriera un problema cardíaco, y en esa llamada el juez buscaba obtener respuestas a esta interrogante
La Generalitat habría negado presuntamente el acceso a la información solicitada por el juez de la Audiencia, Manuel García Castellón, en referencia a la llamada al 112 de la persona que falleció el día en que 'Tsunami Democràtic' bloqueó el aeropuerto de El Prat en Barcelona.
El magistrado del juzgado de instrucción número 6 del órgano está trabajando para vincular el delito de terrorismo en esa investigación, que tiene como principal sospechoso al expresidente de Catalunya, Carles Puigdemont. Sin embargo, los obstáculos continuos para esclarecer lo sucedido con el ciudadano francés que murió de una dolencia cardíaca podrían afectar este aspecto de la investigación.
EL JUEZ QUIERE SABER SI ÉL O SU FAMILIA PIDIERON ASISTENCIA MÉDICA
El juez intentaba determinar si Jean Claude Scherzinger o algún miembro de su familia había realizado una llamada solicitando asistencia médica el 14 de octubre de 2019, fecha en la que cientos de personas se congregaron en el aeropuerto, logrando la cancelación de numerosos vuelos debido a las protestas relacionadas con la sentencia del procés.
Fuentes legales indican que es crucial esclarecer si 'Tsunami Democràtic' tuvo algún tipo de responsabilidad en que el ciudadano francés sufriera un problema cardíaco, y en esa llamada el juez buscaba obtener respuestas a esta interrogante.
"Los datos contenidos en los ficheros deben ser cancelados cuando finalice el análisis de la actuación que se haya llevado a cabo", ha dicho el subdirector general del centro de atención y gestión de las llamadas de urgencia 112 de Catalunya y deben conservarse al menos el tiempo necesario para gestionar y analizar el incidente, con un límite máximo de dos años.
Este plazo puede extenderse en caso de procedimientos judiciales, pero la Audiencia Nacional no había solicitado a la Generalitat dicha preservación antes del año pasado. En ese momento, la llamada ya había sido eliminada.
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