La primera víctima del 'violador de Martorell' acusa a la Justicia de ser "culpable" de lo ocurrido

Montse, la primera mujer a la que Tomás Pardo -conocido como 'el violador de Martorell' (Barcelona)- atacó dándole una paliza en 2002 ha criticado este 20 de marzo ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y de la Audiencia de Barcelona que "la justicia patriarcal maltrata a la mujer en los juicios".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras empezar el juicio a Pardo por un caso de octubre de 2016: la Fiscalía pide para él 70 años de cárcel por presuntamente reincidir aprovechando un permiso penitenciario y secuestrar, violar y apuñalar a una tercera víctima, a la que arrojó por un barranco y la tapó con tierra y hojas pensando que la había matado en Castellbisbal (Barcelona).

Pardo estaba interno en el Centro Penitenciario de Ponent (Lleida) condenado a 26 años de cárcel por una anterior violación a otra mujer en 2002 en una zona boscosa entre Martorell y Castellbisbal, la misma área donde ocurrió la violación de 2016, y tenía un permiso penitenciario de tres días.

"La justicia es culpable de lo que ha ocurrido. La justicia y el sistema penitenciario han permitido que vuelva a salir y que vuelva a atacar", ha lamentado este miércoles su primera víctima, acompañada de una concentración de unas 30 de personas.

La víctima ha añadido que no tendría que haber recibido un permiso penitenciario porque "es un violador violento que lo volverá a hacer". Y ha criticado que había pedido 13 permisos penitenciarios que le fueron denegados pero que finalmente pudo salir "por presión de la Audiencia Provincial".

Además, ha explicado que ella fue la primera mujer a la que Pardo atacó y que, aunque no consiguió agredirla sexualmente, le dio una paliza para intentar meterla en su coche.

13 PERMISOS SOLICITADOS

También ha criticado que Pardo había pedido 13 permisos penitenciarios que le fueron denegados pero que finalmente pudo salir "por presión de la Audiencia Provincial y presiones de Justicia".

"Si en las prisiones no hay suficiente espacio, que busquen otras maneras", ha señalado pidiendo soluciones, y ha afirmado que, en un 70% de los casos, los violadores vuelven a atacar a otras personas.

"La última víctima está destrozada. Casi la mata. Con Lucía, que fue la segunda, fue terrible. A mi por suerte no llegó a meterme en el coche y no me pudo violar pero casi me mata de una paliza", ha recordado.

EL VIOLADOR ADMITE "TODOS LOS HECHOS"

Tomás Pardo ha reconocido "todos los hechos" que se le imputaban en el juicio en la Audiencia de Barcelona: aprovechar un permiso penitenciario para secuestrar, violar y apuñalar a una mujer, a la que arrojó en un barranco y la tapó con tierra y hojas pensando que la había matado en Castellbisbal (Barcelona) el 29 de octubre de 2016.

Tras la vista oral ante la Sección 7, la abogada de Pardo, Gemma Monera, ha explicado en declaraciones a los periodistas que se ha practicado la "prueba mínima para poder pasar la sentencia" y que ha habido la declaración de la víctima, pruebas periciales e informes policiales.

Ha asegurado que Pardo "es una persona que está arrepentida" y que no quería defenderse de las acusaciones en el juicio, sino que quería que pasara rápido y que se conformará con las penas que le imponga la sentencia.

La petición de pena de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima se ha mantenido en 70 años de cárcel por delitos de detención ilegal, delito de asesinato en grado de tentativa, delito continuado de agresión sexual y robo con intimidación.

Además, mientras que la fiscal pide una indemnización de 70.000 euros por las lesiones y secuelas, la acusación particular ha elevado su solicitud a 1,1 millones de euros.

El abogado de la víctima, Mariano Marin, ha detallado que a través de la vía contenciosa administrativa también dirigirán su reclamación de responsabilidad civil a la compañía que aseguraba la Conselleria de Interior y la Conselleria de Justicia de la Generalitat al entender que si Pardo estaba en prisión por hechos similares "obviamente habían fallado los mecanismos de control para comprobar si esta persona estaba en condiciones o no" de recibir un permiso penitenciario.

Ha lamentado que la necesidad de acudir primero a la vía penal y después a la contenciosa administrativa supone para la víctima "un plus de perjuicios y angustia" al no poder desconectar de los hechos.

"TE HA TOCADO"

En su escrito de acusación, la Fiscalía considera que el acusado cometió los hechos aprovechando un permiso penitenciario y "motivado por su rabia contra las mujeres por el hecho de no poder ver a su hija debido a la oposición de su pareja".

Abordó a la víctima cuando acababa de subir a su coche en un aparcamiento en Igualada (Barcelona) a primera hora de la mañana, y exhibiéndole una navaja le obligó a llevarle hasta Martorell, asegurando que solo quería ir a salvar a su hija de unos traficantes.

En una urbanización de Castellbisbal, la obligó a bajar del coche y a adentrarse a pie en una zona boscosa por un camino forestal, y tras decirle "te ha tocado", la violó en varias ocasiones.

Después la obligó a adentrarse en una zona de difícil acceso, entregarle las llaves del coche y la tarjeta de crédito -además del código PIN- y la puso de espaldas y le asestó siete puñaladas en el cuello y una en la zona lumbar "con ánimo de atentar contra su vida para evitar su identificación y detención".

La víctima cayó desplomada en el suelo, y entonces el acusado la arrastró y la lanzó por un barranco de cinco metros de altura y, creyendo que estaba muerta, le tiró encima tierra y diversas ramas con la finalidad de ocultarla para que el cuerpo no fuera hallado, aunque la mujer sobrevivió, prosigue la fiscal.

El hombre huyó con el coche, lo abandonó en la A-2 en Martorell y cogió el tren, y con la ayuda de un sobrino menor de edad, sacó del cajero automático 1.000 euros de su cuenta, pero finalmente fue detenido el 31 de octubre de 2016.

JUICIO A PUERTA CERRADA

La sección 7 de la Audiencia de Barcelona ha acordado este miércoles que el juicio a Pardo sea a puerta cerrada, a petición de la acusación particular y con la conformidad del resto de las partes, ha informado el TSJC.

Argumenta que la ley permite acordar la celebración del juicio a puerta cerrada "como única forma de preservar el derecho a la intimidad de la víctima y el respeto debido a la misma y a su familia, evitando que el acto del juicio pueda producir una mayor victimización de quien ya ha sufrido las consecuencias del delito".