Incluso, plantea como alternativa una condena por desobediencia, delito que conlleva penas de multa e inhabilitación, pero no de cárcel.
El juez asegura que el dispositivo diseñado por la Jefatura de la autonómica para el 1-O "se dirigió directa e inmediatamente a evitar el cumplimiento de la orden" del Tribunal Constitucional.