El 100% de los municipios del Baix Llobregat han cumplido con el Tribunal de Cuentas

Mientras en comunidades como Catalunya, Valencia, Aragón o Madrid, parece existir una colaboración para la rendición de cuentas de los Ayuntamientos con el tribunal de cuentas, en comunidades como Andalucía o Castilla la Mancha parecen estar mucho más atrasados al respecto. 

En el caso del Baix Llobregat, la cifra de rendición de cuentas es del 100%. Vilapress ha comprobado uno por uno los distintos municipios y todos han presentado los informes pertinentes. Los últimos datan de 2023 y se ha podido constatar que la comarca se posiciona como uno de los ejemplos a seguir en transparencia de cuentas de la administración pública.

En este sentido, la comunidad andaluza no cumple con la obligación recogida en la ley de rendición de cuentas anuales, lo que impide las fiscalizaciones externas. A todo ello se le suma que no existen multas cuantiosas a las administraciones que les obliguen a ponerse las pilas. Según la Fundación Civio, solo se ha multado a diez ayuntamientos en una década por no rendir cuentas.

Sanciones mínimas y de alcance limitado

El Tribunal de Cuentas explica que los ayuntamientos de mayor tamaño cuentan no solo con recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones, sino también con la responsabilidad de apoyar a las entidades más pequeñas en la rendición de cuentas. Este papel debería traducirse en un mayor rigor en el cumplimiento de la normativa. Sin embargo, las sanciones aplicadas son escasas y de carácter meramente simbólico.

Según un análisis de la Fundación Civio, entre 2012 y 2022 el Tribunal de Cuentas apenas impuso diez multas por desatender sus requerimientos de información. En total, fueron sancionados ocho alcaldes y dos interventores por incumplir de forma reiterada la entrega de sus cuentas públicas. La suma de todas las sanciones apenas alcanzó los 5.253 euros.

Catalunya, una de las mejores posicionadas en el ránquing

En España, cerca de 13.000 entidades locales tienen la obligación legal de presentar información sobre su actividad interna, contratos y convenios para su fiscalización. Sin embargo, el grado de cumplimiento varía significativamente entre comunidades autónomas. Andalucía y Castilla-La Mancha se sitúan a la cola, mientras que la Comunidad Valenciana, Aragón y Madrid lideran con un cumplimiento cercano al 98%, seguidas de Catalunya y Galicia.

El informe destaca que aquellas regiones donde las subvenciones están condicionadas a la rendición de cuentas muestran mejores resultados. En esta línea, el Tribunal de Cuentas insiste en la necesidad de vincular las ayudas públicas al cumplimiento estricto de esta obligación e incluso plantea la retención de los tributos estatales a los municipios que ignoren sus responsabilidades.

Presupuestos prorrogados como norma

La fiscalización también pone el foco en la aprobación de presupuestos locales. Solo tres de cada diez corporaciones que presentaron sus cuentas consiguieron aprobar sus presupuestos antes del inicio del ejercicio. La mayoría, un 67%, recurrió a la prórroga automática de las cuentas anteriores, una práctica que se repite en el ámbito estatal, donde no se aprueban nuevas cuentas desde 2023.

Según el informe, esta dinámica limita la planificación económica, dificulta el control de la gestión financiera y retrasa la puesta en marcha de medidas de inversión pública necesarias para impulsar el crecimiento económico y atender nuevas demandas durante el ejercicio.