El Supremo avala que los funcionarios puedan reclamar pluses por sobrecarga de trabajo

En los últimos tiempos, numerosos trabajadores del sector público han expresado su malestar ante el aumento progresivo de la carga de trabajo. A pesar de los avances en digitalización y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas que han modernizado los procesos administrativos, el día a día de muchos funcionarios se ha vuelto más exigente.

Este incremento de tareas se explica por varios factores: plantillas reducidas debido a jubilaciones que no han sido reemplazadas, ajustes presupuestarios, nuevas exigencias legales y administrativas, y una creciente presión social por una mayor eficiencia y transparencia en la gestión pública.

Como consecuencia, muchos empleados públicos experimentan una sensación constante de agotamiento y falta de reconocimiento, lo que impacta negativamente en su motivación y en la calidad del servicio que prestan. Visibilizar este problema es fundamental para impulsar cambios estructurales que permitan mejorar sus condiciones laborales y garantizar una administración más sostenible y eficaz.

Desde ahora, los funcionarios que hayan visto incrementadas sus funciones laborales sin que ello se haya reflejado en su retribución podrán solicitar una revisión de su salario. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo, que sienta un precedente legal relevante en defensa de los derechos del personal público.

La reclasificación del puesto de trabajo puede significar un aumento de sueldo

La sentencia parte del caso de una empleada pública perteneciente al Cuerpo de Subinspectores Laborales, en la Escala de Empleo y Seguridad Social, quien solicitó una reclasificación de su puesto de trabajo alegando un aumento significativo de tareas y responsabilidades.

Inicialmente, la petición fue rechazada por la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo, pero la trabajadora decidió acudir a instancias judiciales. El Supremo, tras analizar el caso, ha fallado a su favor, reconociendo que la sobrecarga de funciones puede justificar una revalorización del puesto y del salario correspondiente.

Esta resolución abre la puerta a que otros empleados públicos en situaciones similares puedan presentar reclamaciones argumentadas, con base legal, para ver adecuadamente compensada su labor profesional.

El conflicto surgió porque la funcionaria argumentaba que las nuevas competencias establecidas en la Ley 23/2015, que no estaban contempladas en la legislación anterior, representaban un cambio importante en sus funciones laborales. La trabajadora consideraba esencial que se revisara su categoría profesional y se ajustara su salario, que llevaba años sin modificación.

La mencionada Ley 23/2015 amplió las responsabilidades del Cuerpo de Subinspectores de Empleo, asignándoles más tareas. Para la funcionaria afectada, estas nuevas obligaciones excedían el alcance previsto cuando se le otorgó inicialmente el nivel 23, por lo que solicitó ser reclasificada al nivel 25.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, los funcionarios cuya carga de trabajo se haya incrementado significativamente podrán pedir una revisión de su puesto y una actualización salarial acorde a sus nuevas responsabilidades.
 

¿Cómo puedo solicitar la revisión?

El Tribunal Supremo indica que quienes deseen solicitar una reclasificación deben presentar una solicitud formal ante la consejería o ministerio correspondiente. En dicha solicitud, es fundamental aportar toda la documentación que acredite el aumento de responsabilidades laborales, así como la fecha en que estas nuevas funciones comenzaron a aplicarse.

También es imprescindible incluir referencias legales, como la Ley 23/2015, junto con cualquier resolución oficial que pueda respaldar la petición. En caso de que la Administración rechace la solicitud, el solicitante podrá recurrir a la vía judicial para defender sus derechos.

La valoración del puesto deberá ser actualizada tomando en cuenta las nuevas competencias asignadas al trabajador, en lugar de basarse únicamente en las funciones iniciales, como se hacía anteriormente. Asimismo, debe realizarse un ajuste salarial acorde a las tareas y responsabilidades efectivamente desempeñadas.

La sentencia establece que reconocer funciones adicionales sin la correspondiente adecuación salarial constituye una vulneración de los derechos laborales, especialmente cuando implica una mayor carga de trabajo y responsabilidad.