Cornellà y Sant Feliu exigen a la Generalitat los pagos pendientes de las guarderías

Poco a poco se van sumando municipiuos. Y es que la Generalitat mantiene una deuda con las guarderías de 36 municipios entre ellos Cornellà y Sant Feliu del Llobregat.

El ayuntamiento de Cornellà insta a hacer efectivo el importe correspondiente a la cofinanciación de las guarderías municipales de los cursos a partir de 2015 y hasta la actualidad, amparándose en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ( TSJC), de 22 de noviembre de 2017, que admite la obligación de que la Administración autonómica tiene que aportar fondos para la educación de 0 a 3 años, y que también avala la Ley de educación de Cataluña (LEC).

De acuerdo con los mismos fundamentos que condujeron a la interposición del recurso anterior, el pleno del consistorio ha decidido reclamar a la Generalitat el cumplimiento de sus compromisos económicos, independientemente de que la sentencia del TSJ no sea firme, ya que la obligación autonómica de cofinanciación deriva directamente de la ley, en concreto del Estatut d'Autonomia de Catalunya y la LEC. 

Según el consistorio de Cornellà del Llobregat, la Administración tendría que pagar la cantidad de 2.528.834,48 euros, más los intereses legales que correspondan, resultante de aplicar la cantidad de 1.392,53 euros por alumno de los centros docentes municipales de educación infantil de primer ciclo durante los cursos 2015-16, 2016-17 y 2017-18.

Por su parte, en la última sesión plenaria del ayuntamiento de Sant Feliu del Llobregat, celebrada el 25 de enero, el equipo de gobierno llevó a aprobación una moción en la que insta al gobierno de la Generalitat a resolver los compromisos adquiridos para la cofinanciación de las guarderías municipales y en el caso de no recibir respuesta a esta demanda iniciará la vía judicial para hacer la reclamación.

El consistorio exige al gobierno de la Generalitat que se incorporen el próximo presupuesto de 2018 las partidas concretas para regularizar la financiación pendiente de liquidación desde el curso 2012-2013. Además, requiere al Departament d'Ensenyament el cobro de la deuda para recuperar la cantidad estimada por los servicios económicos municipales que se debería haber destinado a las guarderías entre los cursos 2012-2013 y 2017-2018, en base a la sentencia del TSJC.