El Gobierno de Colau ha adjudicado “a dedo” 800 contratos a INIPRO

Ni Ada Colau ni nadie en su equipo ha tenido en cuenta el principio de “prudencia” en la contratación del Ayuntamiento de Barcelona con la empresa INIPRO. Un holding empresarial que ha sido imputado por presunta corrupción y malversación de dinero público en dos piezas judiciales separadas, una que afecta al Ayuntamiento de Tarragona y otra al de Viladecans. Aunque las fuentes judiciales implicadas en la investigación no han descartado “todavía” la apertura de más casos vinculados a administraciones locales.

De hecho durante la legislatura pasada de 2015 a 2019 ha pagado por los contratos que ha suscrito con INIPRO y ejecutados la friolera de 26,5 millones de euros. Las sospechas de corrupción vertidas contra la empresa INIPRO -investigada por el juzgado de instrucción número 1 de Tarragona desde 2016- no han sido impedimento para que el gobierno municipal de Barcelona, que preside la alcaldesa, Ada Colau, haya adjudicado a dedo más de 800 contratos.

LAURA PÉREZ LA CONCEJALA DE PODEMOS QUE HA AUTORIZADO LA MAYOR PARTE DE LOS CONTRATOS A INIPRO

El grueso de esta llamativa, prolífica y masiva forma de contratación que usó la fórmula de “contratos menores”, investigados también, tanto en Tarragona como en Viladecans recae sobre el Área de “Drets Socials Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI” del Ayuntamiento de Barcelona.

Un espacio dentro del organigrama municipal barcelonés dirigido desde la anterior legislatura (2015-2019), y hasta la actualidad, por la podemita, Laura Pérez, actual secretaria general del consejo ciudadano de Podemos Barcelona.

LA DILATACIÓN DEL PROCESO JUDICIAL ESCUDO PROTECTOR DE LA EMPRESA IMPUTADA POR CORRUPCIÓN

La contratación realizada a INIPRO por el Ayuntamiento de Barcelona está en clara contradicción con el Artículo 64.1 de la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP), que hace relación a la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses, y que recomienda a las administraciones públicas no contratar a empresas sospechosas de delitos de corrupción.

Aunque el artículo 71.1 de la misma LCSP solo veta la contratación de empresas acusadas de corrupción cuando pese sobre estas una sentencia firme, algo que en el caso de INIPRO todavía no se ha producido. Nos encontramos ante una vulneración ética de las buenas prácticas en la contratación del equipo de Colau, pero no de una ilegalidad.

SE REPITE LA HISTORIA: CUATRO AÑOS QUE INCLUYEN FRACCIONAMIENTOS CONTRATUALES

En los cuatros años de expedientes sobre adjudicaciones figuran operaciones de contratación con fraccionamiento ampliamente usado por INIPRO en su excelsa historia empresarial para que los proyectos no necesiten de un concurso público para ser adjudicados. En este sentido se fraccionó en diez facturas mensuales (de 38.580,89 euros cada una) la gestión del Centre Obert Municipal de Les Corts en 2017 y en otros 12 pagos (que oscilan entre los 36.000,93 y los 45.615.16 euros) la prestación del Servei Adolescents i Família y en 2018, un programa al que las arcas municipales aportaron ese año un total de 425.005,46 euros. Y es que la historia parece repetirse en bucle cuando se trata de INIPRO y la contratación de sus servicios ante las administraciones públicas.

Además coincide los contratos adjudicados son de importes muy variopintos, porque INIPRO es la empresa “hacelo-todo”, desde pequeñas aportaciones (como la partida de 429,55 euros que se destinó en 2018 a la fiesta contra la violencia de género organizada en el Espai Jove de la Sedeta) hasta dotaciones de 462.970, 77 y 314.887.92 euros que en el año 2016 tuvieron como fin sufragar la gestión del Centre Obert de Les Corts i Sants.

Cabe recordar que en la pieza principal de INIPRO constan como investigados el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, la ex concejal de Servicios Sociales Victòria Pelegrín; la portavoz del gobierno municipal, Begoña Floría, y el ex jefe de gabinete de alcaldía Gustavo Cuadrado, todos del PSC. Pero también parecen estar implicados en el caso el ex primer teniente de alcalde de Viladecans, Joaquín Guerrero (PSC), el fallecido y hasta entonces director de Inipro, Ricard Campà, y el consultor de Viladecans, Enrique Miró, que fueron puestos en libertad en 2016, aunque están imputados de los delitos de alteración de subasta en concurso público y de tráfico de influencias, entre otros por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Así por ejemplo en el pleno sobre las conclusiones de la comisión sobre el caso INIPRO de Viladecans salieron a la luz muchos detalles del trabajo realizado por los grupos municipales de la oposición. Entre ellos que en el mismo informe elaborado por los entonces secretario e interventora municipal de Viladecans se dan ejemplos de "supuestos" fraccionamientos del objeto de los contratos y se "visualizan contratos menores y negociados sin publicidad que se han ido repitiendo en el tiempo para evitar la concurrencia y la publicidad" en el ayuntamiento de Viladecans.

Pero eso no es todo, parece ser que presuntamente hubo supuestos casos de puertas giratorias entre trabajadores de Inipro y el PSC y entre 2011 a 2015 el grupo ganó todos los concursos o negociados del ayuntamiento de Viladecans a los que se presentó. La única excepción es el año 2012, si bien en aquel ejercicio facturó el 99,2% del total posible. Lo mismo sucedió de 2007 a 2010 cuando prácticamente ganó todos. Los concursos a los que se presentó con porcentajes de facturación muy similares a los de 2012. En el periodo 2007-2015 el grupo ingresó 23.640.068 euros del consistorio de Viladecans.

CONTRATOS Y SERVICIOS DISEMINADOS POR TODOS LOS BARRIOS DE BARCELONA

Los contratos del Ayuntamiento de Barcelona con INIPRO del último cuatrienio están diseminados por toda la ciudad de Barcelona y compilan servicios muy dispares pero siempre dentro del área de Drets Socials, con especial incidencia en la atención a los jóvenes, especialidad con la que INIPRO aperturó su objeto social desde su fundación y expandió sus servicios a lo largo y ancho del territorio catalán.

Así, en la documentación aparecen contratos tan dispares como el servicio Punt d’Informació Juvenil de Sant Andreu (6167,54 euros mensuales), la gestión del proyecto municipal y audiovisual del Espai Jove (59.054,51 euros), el control de accesos en Can Fabra y el Espai Bota (6.362.05 euros), la concesión del Espai Jove Les Basses (90.863,55 euros), el impulso de la sala de estudio del IES Montserrat (1.662,48 euros), el proyecto Fem Rimes, Fem Graf(2.600 euros), la coordinación de las salas de estudio nocturnas de la ciudad (17.945,39 euros), el Taller de Sexualitat Grassonada Feminista (274,70 euros), la gestión del Casal de Barri Vall d’Hebron-Can Travi (24.218,25 euros), el programa de arte Sant Andreu Comtemporani (18.000 euros) la gestión del Casal de la Gent Gran de Sant Genís (117.140,45 euros) o los talleres preventivos del distrito de Sant Martí (8.901,21 euros), por citar alguno de los centenares de proyectos y trabajos subvencionados.

UNA DENUNCIA DE LA CUP HIZO SALTAR LA LLAMA DEL CASO INIPRO

Fue una denuncia presentada por el grupo municipal de la CUP en el Ayuntamiento de Tarragona quién puso sobre la pista el entramado empresarial y su “modus operandi” de INIPRO y su conglomerado de empresas. De hecho la primera pieza que se instruyó fue la suya y donde al ex alcalde de Tarragona, el socialista Ballesteros, se le imputan delitos de alteración de precios en concursos y subastas públicas, falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública. Además, la CUP –que actúa como acusación popular– le pide 13 años de prisión, además de otros diez para Begoña Floria.

El fiscal Ángel Villafranca comparó en su día el caso tarraconense de INIPRO con el polémico caso Noos que ha llevado a Iñaki Urdangarin a la cárcel y criticó que las defensas de los acusados “pretenden una sentencia absolutoria anticipada sin la práctica de pruebas”.

El Ministerio Público ha lamentado a su vez que los recursos de los abogados defensores planteen “una visión fragmentada” de la situación. Los delitos complejos como los que nos encontramos, que tienen un proceso temporal largo, requieren de una visión de conjunto de todas las acciones realizadas y no la descontextualización sobre el plan general trazado”.