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¿En qué municipios del Baix Llobregat se regularán los pisos turísticos?

Se trata de lugares que presentan problemas de acceso a una vivienda permanente o que tienen ya más de 5 pisos turísticos por cada 100 habitantes

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El Govern limitará los pisos de uso turístico / @EP

La Generalitat  ha aprobado un Decreto ley para regular las viviendas de uso turístico mediante la obtención de una licencia urbanística previa y  una autorización turística en un total de 262 municipios de toda Calalunya, de los cuales 23 pertenecen al Baix Llobregat. 

 

Se trata de lugares que presentan problemas de acceso a una vivienda permanente o que tienen ya más de 5 pisos turísticos por cada 100 habitantes, o bien que cumplen ambos requisitos. Estos municipios no podrán otorgar licencias de apertura de pisos turísticos hasta que adapten su planeamiento urbanístico al nuevo Decreto-ley.

 

Los municipios del Baix Llobregat afectados son: Abrera, Castelldefels, Cervelló, Corbera, Cornellà, El Papiol, El Prat, Esparreguera, Esplugues, Gavà, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Sant Boi, Sant Climent, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles, Vallirana y Viladecans.

 

La aparición del fenómeno de los pisos de uso turístico es una de las causas de la disminución del número de viviendas que se alquilan como alojamiento permanente. Esto se debe a que los pisos de uso turístico no son de nueva construcción, sino alojamientos existentes que cambian de destino. La tendencia dificulta aún más el acceso de las personas y familias a un hogar habitual en un momento de crecimiento de la demanda de alquiler y en un contexto de incremento de la población catalana.

 

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23 municipios del Baix Llobregat están incluidos entre los que verán regulados los usos de los pisos turísticos / Pixabay

Es por ello que el Gobierno adopta medidas urgentes, mediante este Decreto ley, para evitar que se incrementen los cambios de usos en pisos turísticos específicamente en aquellas zonas donde el acceso a la vivienda ya presenta problemas habitualmente y también excesiva concentración de pisos turísticos conlleva problemas de convivencia y gentrificación. Para regular su implantación, se ha optado por la modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo.

 

Los cambios afectan a un número reducido de municipios. En concreto, aquellos que cumplen uno o dos de los siguientes requisitos: que la demanda de vivienda acreditada y mercado tensionado (140 municipios) y que existan actualmente de más de cinco pisos turísticos por cada 100 habitantes (134).

 

En estos casos, los ayuntamientos tendrán que modificar su planeamiento urbanístico para permitir expresamente la compatibilidad del uso turístico con el de vivienda. Esto sólo será posible si, al mismo tiempo, también pueden justificar que cuentan con suelo suficiente para viviendas destinadas al domicilio habitual y permanente de la población residente. Y, en cualquier caso, podrán otorgarse como máximo 10 licencias de pisos turísticos por cada 100 habitantes en cada municipio.

 

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El Decreto ley afectará a 262 municipios / @EP

 

Los nuevos pisos turísticos que se quieran instalar en estos lugares tendrán que pedir una licencia urbanística municipal y una autorización turística previamente a la apertura, que serán vigentes durante cinco años renovables.

 

Sin embargo, en los municipios afectados no se podrá otorgar ninguna licencia nueva desde que entre en vigor este Decreto ley y hasta que los ayuntamientos no actualicen su planeamiento. El listado de municipios afectados por la nueva regulación se actualizará cada cinco años mediante orden del consejero o consejera del Departamento de Territorio, previa audiencia a los ayuntamientos.

 

En cuanto a los pisos turísticos existentes y debidamente habilitados, sus titulares dispondrán de un margen de cinco años para pedir la nueva licencia urbanística, a contar desde la entrada en vigor del Decreto ley, o tendrán que cesar la actividad. En estos cinco años, los ayuntamientos afectados tendrán que haber modificado su planeamiento municipal y, por tanto, estar en condiciones de dar respuesta a estas solicitudes.

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