Algunos ayuntamientos del Baix Llobregat perderán parte de su presupuesto con el fin del peaje de la AP7

El IBI es el tributo municipal más relevante desde la perspectiva recaudatoria y, además, cada vez tiene mayor peso dentro de la estructura financiera de los municipios. Y al expirar  la concesión de la AP-7 (Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol) y la AP-2 (Zaragoza-El Vendrell), que pasarán a ser gestionados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de los tramos de la C-32 Barcelona-Lloret de Mar y Barcelona-Montmeló, que dependerán de la Generalitat significará que algunos ayuntamientos pueden perder entre un 10 y un 20% de su presupuesto anual.

Tramo de la AP7 que transcurre por el Baix Llobregat / @EP

A partir de entonces dejarán de ingresar el IBI correspondiente al tramo de autopista de su municipio por parte de la concesionaria. En total, la cifra se eleva a 14,4 millones de euros que los diferentes consistorios dejarán de percibir.  Por lo que algunos de estos ayuntamientos están empezando a solicitar compensaciones para mitigar el alto impacto económico que supondrá para sus arcas.

En Barcelona, la AP-7 también transcurre por diferentes municipios de la comarca del Vallés, Baix Llobregat y el Penedés. En este caso, se dejarán de pagar en total 2,8 millones de euros. Sant Celoni lidera este ranking tan particular con 470.790 euros no cobrados, seguido de Fogars de la Selva (301.573 euros), Llinars del Vallès (260.663 euros) o La Roca del Vallès (256.148 euros), donde hay uno de los principales peajes. Además, algunas de estas poblaciones también tienen ubicada un área de servicio y también recibían ingresos por este concepto.

En la provincia de Girona, el fin de la conexión de la AP-7 supondrá que 27 municipios por donde pasa la autopista dejen de cobrar 3,75 millones en concepto de IBI. Entre los ayuntamientos más afectados se encuentra Sant Julià de Ramis, que el año pasado ingresó por este concepto 367.650 euros, Báscara con 268.690 euros o Sils con 286.861,74 euros.

El impacto en cada municipio no depende tanto del volumen económico de los ingresos perdidos, sino del porcentaje que esta cantidad aportaba al presupuesto global del ayuntamiento.