La Comisión Europea denuncia a España por la contaminación en el Baix Llobregat, Madrid y Barcelona

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Finalmente la Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por la mala situación del aire en varios núcleos urbanos españoles, en especial Madrid, Barcelona y Baix Llobregat, tras constatar que no ha tomado las medidas urgentes que se le exigían para atajar los altos niveles de contaminación.


CONTAMINACION


"Los datos más recuentes sobre la calidad del aire ofrecidos por España confirman el incumplimiento sistemático de las normas europeas sobre los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), reglas que son legalmente vinculantes desde 2010", ha explicado en una rueda de prensa en Bruselas el comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella.


Vella ha apuntado que el expediente abierto contra España por el incumplimiento reiterado en los límites legales de NO2 no se debe a los problemas de una única urbe, sino que es un problema más amplio en donde hay "las áreas problemáticas son principalmente tres: Madrid, Barcelona y Baix Llobregat".


De hecho, tal y como informaba Vilapress, Bruselas envió una carta al Ministerio de Transición Energética a principios de julio de 2019 en el que se le apremiaba a tomar medidas contra los altos índices de contaminación atmosférica que se registraban en Madrid, Barcelona y su área metropolitana y que ya aparecían en un informe de 2015. Entre los municipios que superan los niveles de contaminación y que aparecen en el expediente hay 14 que pertenecen a la comarca del del Baix Llobregat que son Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, El Prat de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Climent de Llobregat, Sant Joan Despí y Viladecans. El resto son L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramanet.


No obstante, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica han precisado que el Baix Llobregat cumple con los límites legales desde 2018. Asimismo, destacan que en el expediente ya no figura Urbana sur, en Madrid, que figuraba anteriormente y que también ha dejado de incumplir.


El comisario ha recordado que los servicios de la Comisión han estado en contacto con las autoridades españolas para tratar de resolver esta situación antes de llegar a los tribunales, pero ha lamentado que estos esfuerzos no hayan dado resultado.


Bruselas decidió en mayo del pasado año suspender el expediente contra España, a pesar de llevar a otros Estados miembro ante la Justicia europea, al considerar que el paquete de medidas presentado por las autoridades, que incluía la puesta en marcha de Madrid Central, era suficiente para "hacer frente a las carencias detectadas siempre y cuando se ejecuten correctamente".


Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha constatado que los niveles de contaminación siguen siendo un riesgo para la salud de los ciudadanos, ha dicho el comisario, quien no ha querido responder a la pregunta de si el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid haya anunciado su intención de cancelar el plan de Madrid Central ha influido en su decisión.


"En lo que respecta a Madrid Central, esta infracción no tiene que ver únicamente con Madrid, hay otras áreas afectadas, y normalmente no comentamos anuncios específicos, aunque siempre subrayamos que son necesarias medidas eficaces para mejorar la calidad el aire. Pero le corresponde a los Estados miembro elegir las medidas para lograr los resultados", ha zanjado el comisario.


El comisario ha añadido que, además de la carta que envió este mes al Ministerio para la Transición Ecológica para trasladarle su "preocupación" y solicitar medidas urgentes, también ha emplazado a las autoridades regionales y locales a "contribuir en el diseño e implementación de medidas para garantizar" que se cumple con los límites legales.


"A fin de cuentas, nuestro interés es proteger la salid de la población local", ha recalcado Vella, quien ha dicho que según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en España son atribuibles al NO2 casi 9 000 muertes prematuras anuales.


Tras la decisión de llevar a España ante la justicia en Luxemburgo, los servicios jurídicos de la Comisión se tomarán ahora unos dos meses para preparar la demanda legal que presentarán ante el Tribunal europeo.


Ello les permitirá tener en cuenta los datos más recientes sobre contaminación, correspondientes a 2018, que Bruselas espera recibir del Ministerio en septiembre, según han explicado fuentes comunitarias, lo que podría influir en las áreas señaladas.


En cualquier caso, las fuentes advierten de que España no cumple con las obligaciones en materia de calidad del aire y que "no parece que vaya a cumplir a corto plazo", recalcan los funcionarios europeos, para apuntar la solidez de la demanda.


Una vez se presente la demanda ante el TUE se abrirá un plazo para el intercambio de opiniones con el Estado miembro, por lo que el juicio podría demorarse unos nueve meses. Aunque no hay plazos fijos para que el Tribunal se pronuncie sobre los casos que examina, las sentencias llevan de media unos dieciocho meses.


ACCIÓN REFORZADA


La decisión de este jueves 25 de julio forman parte de la acción reforzada de la Comisión para comprometerse con los Estados miembros para proteger la salud de los ciudadanos de la mala calidad del aire tal como estableció la Comisión en su comunicación "Una Europa que protege : aire limpio para todos "de mayo de 2018.


Los nuevos datos sobre la calidad del aire facilitadas por España confirman el incumplimiento sistemático de las normas de la UE con respecto a los valores de dióxido de nitrógeno (NO2), que desde 2010 son vinculantes legalmente.


La Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal por la calidad del aire en las zonas urbanas del Madrid, Barcelona y del Vallès-Baix Llobregat, donde se han superado de manera persistente los límites de NO2. Según la Agencia Europa de Medio Ambiente el NO2 provoca casi 9.000 muertes prematuras en España cada año.


Los índices de contaminación de Madrid, Barcelona y su área metropolitana los últimos meses ha sido la gota que ha colmado el vaso.


En la carta de principios de julio, la Comisión Europea apremiaba a España a tomar las medidas necesarias para rebajar los índices de contaminación que incumplían la normativa fijada por Europa. Ahora, esta advertencia se ha convertido en denuncia. 


Bruselas ha anunciado que este jueves 25 de julio tiene pensado presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la infracción a la directiva de la calidad del aire en El Prat, Barcelona y Madrid.


EL GOBIERNO URGE A TOMAR MEDIDAS


Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha urgido a todas las administraciones con competencias en la calidad del aire -Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos- a trabajar de forma coordinada para asegurar una óptima calidad del aire, que cumpla la normativa vigente. Así lo ha puesto de manifiesto tras hacer público este jueves la Comisión Europea que denunciará a España ante el TUE por incumplir "sistemáticamente" las normas de calidad del aire en Madrid y Barcelona.


"Para ello, es necesario actuar con celeridad, ampliando las medidas que están en marcha e incorporando nuevas soluciones que garanticen la salud pública", ha asegurado en un comunicado.


El MITECO recuerda que, según el Informe sobre Calidad del Aire correspondiente a 2018, publicado por MITECO el pasado martes, la ciudad de Madrid y el Área de Barcelona superaron el valor límite anual permitido para NO2 (40 g/m3). El valor máximo alcanzado en sus respectivas redes de medición fue de 54 g/m3 en Barcelona y de 55 g/m3 en Madrid. La capital de España, además, registró superaciones del valor límite horario de NO2.


Aunque, desde el ministerio consideran que es "pronto" para determinar cómo avanza el cumplimiento de la normativa en las áreas afectadas durante 2019 -un año que está registrando menor pluviometría, lo cual incide negativamente en los niveles NO2-, precisan que algunas medidas parecen empezar a ofrecer soluciones.


Así destaca que, según la base de datos de calidad del aire del MITECO, en los meses de abril, mayo y junio de 2019, 21 de las 24 estaciones de medición de la ciudad de Madrid arrojaron descensos en los niveles NO2 con respecto al mismo periodo del año anterior. El descenso más destacado se produjo en la estación de Plaza del Carmen, pasando de un valor medio diario de 40 g/m3 a 23 g/m3.


Mientras, indica que en el Área de Barcelona también se ha registrado mejores datos en el último trimestre, comparado con el mismo periodo del año anterior: de las 18 estaciones de medición de la calidad del aire instaladas en esta zona, 16 estaciones indican descensos en el valor medio.


Además, recalca que el área Vallés-Baix Llobregat, incluida también en el expediente de infracción de la UE, dejó de incumplir la normativa en 2018.


PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN


El MITECO también explica que una vez que se deposite la demanda de la Comisión Europea ante el TJUE, se abre un proceso -con una fase escrita y otra oral- en la que los jueces escuchan a las partes, antes de dictar sentencia. En esta fase del proceso, si el tribunal constata que España ha incumplido la normativa europea, dictaría una sentencia que no contempla sanciones. Se limitaría a declarar que, como Estado miembro, España ha incumplido con las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados de la UE y que está obligada a adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia del TJUE.


Si la sentencia declarativa fuera condenatoria, se abriría un plazo para que las administraciones españolas ejecuten lo dictaminado por los jueces. Transcurrido el mismo, si la Comisión Europea constata que no se han emprendido las medidas necesarias, podría volver a denunciar al país ante el TJUE, que abriría un segundo proceso que, en este caso, sí podría sustanciarse con un fallo que incluya sanciones económicas para España.


“LÓGICO CASTIGO”, SEGÚN ECOLOGISTAS


Por su parte, desde Ecologistas en Acción ven “lógico” el castigo de Bruselas por la contaminación, ya que “España incumple desde 2010 la normativa europea de calidad del aire en materia de dióxido de nitrógeno (NO2)”.


“La contaminación por dióxido de nitrógeno en Barcelona no solo tiene efectos en la salud de sus habitantes –apuntan-. Ayer mismo, martes 23 de julio, la Plana de Vic superó desde las 16:00 horas el umbral de alerta por ozono, alcanzando nada menos que 243 microgramos de este contaminante por metro cúbico de aire, además de otras nueve superaciones del umbral de información. Y todo ello sin actuación alguna de la Generalitat de Catalunya para reducir con la necesaria antelación el tráfico metropolitano de Barcelona, responsable del problema”.


En cuanto al caso de Barcelona, las superillas que se han implementado en cuatro años son, a juicio de Ecologistas en Acción, “microactuaciones de recuperación del espacio público con escasa incidencia en la reducción de emisiones. Se trata de cinco intervenciones aisladas y que distan mucho del plan original que planteaba actuar sobre toda la malla viaria de la ciudad para conseguir un 13 % de reducción de vehículos, con la implementación de 500 superillas”.


Según Ecologistas, Barcelona también planteó a finales de 2017 una Zona de Bajas Emisiones en episodios de contaminación que no se ha llegado a activar nunca. A partir del 2020 será permanente y limitará la circulación a los vehículos sin etiqueta de la DGT. Pero esta medida no resultará muy eficaz tal y como está planteada, pues tendrá incidencia sobre un porcentaje muy reducido de vehículos que además estarían discriminados en función de su antigüedad y no de sus emisiones reales (mucho mayores que las legales, por el fraude de los diésel). Colectivos y activistas ecologistas reclaman desde hace años una tasa anticontaminación (peaje urbano) con excepciones a los turismos con tres o más ocupantes y los de personas con movilidad reducida. Una medida que la alcaldesa Ada Colau ha afirmado que el Ayuntamiento está estudiando. Ecologistas en Acción considera que no hay excusas para retrasarla.


A juicio de Ecologistas en Acción, “la salud de la población debe ser algo prioritario. Si se confirma la reactivación del procedimiento de infracción solo queda trabajar políticamente para mantener, ampliar y mejorar las medidas que han funcionado, y adoptar muchas otras más ambiciosas que no se han tomado. La previsible sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea será condenatoria, y en segunda vuelta acabará en una más que probable multa, que puede alcanzar los 200 millones de euros por año de incumplimiento”.


LA GENERALITAT, A LA ESPERA DE LA DENUNCIA


Por su parte, el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha asegurado este miércoles 24 de julio que las medidas aplicadas en el área metropolitana de Barcelona están "reconduciendo" los anteriores niveles de contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2), y solo hay dos estaciones de la ciudad que superan los límites, ha dicho a la espera de ver en detalle una denuncia de la Comisión Europea (CE) a España.


"Nuestras medidas van evolucionando a mejor, es por eso que quedamos a la espera de saber exactamente este informe de la CE, cómo se cierra", ha dicho en una atención a los medios este miércoles en el Parlament, tras salir a la luz que la CE denunciará a España ante el Tribunal de Luxemburgo por NO2 en Madrid y Barcelona, ha citado, y ha dicho que el jueves la conocerán.


"Con toda la prudencia de tener que esperar a mañana, nosotros lo que queremos es poner sobre la mesa nuestras propias medidas", que ha calificado de concluyentes: en 2010 había 17 estaciones de medida de NO2 que superaban la media anual -situada en 40 microgramos-, en 2017 se pasó a cinco estaciones, y en 2018, a dos.


Se trata de dos estaciones del centro de Barcelona, del Eixample, en los que el transporte cotidiano impacta y se sitúan con medidas "ligeramente por encima", con 55 y 46 microgramos en 2018, pero ha dicho que en el primer semestre de 2019 las medidas han logrado reducir estos niveles y se sitúan en 51 y 46 microgramos.


Ante estas dos superaciones, ha dicho que seguirán trabajando "en la misma línea" que la actual, como en mejorar y ampliar el transporte público, y en seguir implantando la zona de bajas emisiones, que será estructural a partir de 2020 e impedirá circular a vehículos sin la etiqueta de emisiones reguladas.


Ha recordado que la CE ha llevado a Luxemburgo infracciones de países como Alemania -por Stuttgart-, el Reino Unido -Londres-, Francia y París, con límites "muy por encima de los 40 que marca la normativa", de 80 o 90 microgramos, e incluso de 100 microgramos.


PLAZO PARA RECURRIR


Calvet ha dicho que esta filtración también menciona El Prat de Llobregat en algún momento como municipio miembro del área metropolitana pero asegura que el municipio "no ha estado nunca por encima de los niveles de 40 microgramos" por metro cúbico -el límite legal-, por lo que ha dicho que esperan a la información.


"Esperamos que sean suficientes para que no se multe al Reino de España por el nivel de emisiones, el nivel de NO2, en el área metropolitana" de Barcelona, aunque ha dicho que habría un tiempo para recurrir esta decisión que, sin duda, emplearían, y ha asegurado que no trabajarán para evitar una multa, sino por la salud de las personas.


El conseller ha recordado desde que la Comisión Europea abrió un expediente a España por contaminación de NO2, trabajan entre todas las administraciones y otros actores, sin que hasta ahora se hayan producido sanciones, y la "evolución positiva".


EL PRAT Y EL AEROPUERTO


Ante la mención puntual de El Prat, dentro del área metropitana, el ayuntamiento ha desmentido que se haga especial hincapié en el municipio, sino que la posible sanción de la Comisión Europea hace referencia a los índices de contaminación del área metropolitana de Barcelona.


Desde el ayuntamiento aseguran que los expedientes de infracción por incumplimiento de valores límite de calidad del aire se aplican a las zonas de calidad del aire donde ha habido algún incumplimiento, no a municipios específicamente. En el caso de Catalunya, las zonas afectadas por incumplimiento del valor límite anual de NO2 son la Zona de calidad del aire 1 (Área de Barcelona, donde está comprendido El Prat) y la Zona de calidad del aire 2 (Vallès -Baix Llobregat).


Desde el consistorio han remarcado que, de hecho, durante el año 2018, en la zona de calidad del aire 1, sólo se han dado superaciones del límite de NO2 en dos estaciones ubicadas en el municipio de Barcelona. En el municipio de El Prat de Llobregat, que pertenece a esta misma zona, no se han dado superaciones desde el año 2011.


Aún así, desde El Prat son conscientes de que "hay que tomar en serio la denuncia y la situación de contaminación que sufrimos las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid" e indican que es importante tomar medidas valientes que ayuden a reducir esta contaminación.


A razón de ello y tras la voluntad de Aena de construir una cuarta pista en el aeropuerto de El Prat, el ayuntamiento ha señalado que "hay que evitar el crecimiento ilimitado del aeropuerto" y "no sólo su crecimiento físico, sino también el crecimiento de las operaciones aéreas, que son las que emiten gases contaminantes".

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