Gavà y Viladecans denuncian el abandono del Parc Agrari por parte de la Generalitat

La alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, y el alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, han exigido conjuntament a la Generalitat una mayor implicación en el desarrollo del Parque Agrario del Baix Llobregat.

En una visita a la zona agrícola gavanense el 30 de noviembre, y acompañados de los presidentes de las cooperativas agrícolas de los dos municipios, los alcaldes han puesto de manifiesto la necesidad de incrementar la dotación que destina el Departamento de Agricultura en el Parque Agrario. Una partida presupuestaria que este 2018 ascendió a poco más de 6.000 euros. Esta cifra sólo representa el 0,8% del presupuesto total del Parque Agrario, muy por debajo de la aportación de los municipios y de otras administraciones que no tienen competencias. Además, buena parte del presupuesto se destina a vigilancia si bien los dispositivos no llegan a garantizar que se sufran robos y que los cultivos lleguen a los mercados.

Para los alcaldes, es indispensable que la Generalitat equipare su aportación a la que realizan los ayuntamientos, a través de la Diputació de Barcelona, para garantizar el futuro del Parque Agrario del Baix Llobregat y resolver las problemáticas actuales, que se han puesto de manifiesto a raíz de las fuertes lluvias que se venden registrando desde agosto y que han anegado los campos de cultivo de Gavà y de Viladecans.

Raquel Sánchez y Carles Ruiz reclaman la implicación y actuación de la Agència Catalana de l'Aigua como organismo responsable en materia de aguas. Destacan que hay que afrontar la mejora y modernización de los sistemas de drenaje y la automatización de los actuales sistemas hidráulicos así como intensificar los esfuerzos en la limpieza de arroyos y corredoras y en la estabilización y consolidación de los márgenes de las corredoras. Asimismo, instan a la Generalitat a continuar a terminar el proyecto que debe permitir hacer llegar el Canal de la Derecha del río Llobregat hasta Viladecans, así como abordar la incorporación de Gavà.

También destacan que los organismos autonómicos competentes (Departamento de Agricultura, ACA y Oficina de Cambio Climático) trabajen de manera conjunta con los ayuntamientos, un plan de actuación para la eficiencia y mejora de los recursos hídricos en la agricultura para estimular la introducción de cambios en las prácticas agrícolas que mejoren la calidad del agua. Para los alcaldes, el uso de aguas regeneradas convenientemente tratadas podría ser una opción eficaz para satisfacer la demanda de agua de riego.

Los alcaldes también piden a la Generalitat que, desde la Oficina de Cambio Climático, aborde un estudio sobre el impacto de este sobre la agricultura en el Parque Agrario del Baix Llobregat, y se especial en la zona baja del Delta del Llobregat, y también de las medidas a implantar tanto de resiliencia como de adaptación para el uso agrícola. Asimismo, ponen sobre la mesa la necesidad de elaborar un plan de desarrollo económico de la agricultura y el sector agroalimentario en el Parque Agrario. En este sentido, recuerdan que la actividad agrícola desarrollada crea 1.200 puestos de trabajo directo y contribuye en un 0,7% al PIB. A pesar de ser un porcentaje reducido, ha crecido un 6,1% en los últimos años, un crecimiento tres veces superior a la media del PIB agrícola catalán, lo que demuestra el potencial agrícola de esta zona y su mercado potencial estimado en 5 millones de personas.

Los alcaldes defienden que el Parque Agrario, como área económica especializada en la producción de alimentos, tenga un papel fundamental de infraestructura metropolitana. Y que el Consorcio, como ente de gestión, se convierta en un instrumento útil en las explotaciones agrarias y también a los municipios y la ciudadanía, afrontando los nuevos retos y las nuevas demandas del sector agrario y de su futuro.

Reivindican que el modelo de Parque Agrario sea un ejercicio real de gobernanza donde todos los actores implicados asuman sus responsabilidades en función de sus competencias y posibilidades de incidencia en las políticas territoriales, sectoriales y ambientales. Una gobernanza participada especialmente para el sector agrario y por sus representantes

Asimismo, reclaman la implementación de un modelo de gestión de fauna, trabajando por el equilibrio entre la actividad agraria y la protección de la biodiversidad de los espacios naturales del Delta.