​Los nuevos radares de Viladecans han sentado como un tiro a los vecinos

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Vilachapuza

Foto: Vilachapuza


En un lenguaje, llano, comprensible y nada técnico, un alcalde de cualquier ciudad o pueblo es su máxima autoridad, con una serie de obligaciones y derechos, y dentro de sus obligaciones están la de defender, proteger, cuidar y procurar el bienestar de sus ciudadanos. Un alcalde está para servir y no para que le sirvan.


Las normas y sanciones se deben explicar a todo el mundo -disponen de medios de comunicación propios y pagados para hacerlo- para mejorar la convivencia, la falta de respeto, o saltárselas a la torera hace que la convivencia sea difícil. Por ello, las sanciones disuasorias pueden entenderse. Creo que todos estamos de acuerdo, aunque a la gente le duela rascarse el bolsillo, que es lo que más le duele. Pero las sanciones se aplican para corregir las malas prácticas, no con afán recaudatorio con que llenar las arcas municipales. Deberían ser medidas disuasorias por el bien común.


Cuando un gobierno municipal decide sancionar determinadas actitudes, o poner artilugios para controlar la velocidad de los vehículos, lo racional, en aras de la transparencia, debería ser explicar a sus vecinos cuando se van a poner en marcha y el coste de las mismas. No se suele hacer, porque de lo que se trata es de utilizar el poder que le otorga el cargo, elegido en elecciones, para darle un viaje a las maltrechas economías familiares. Hay que sancionar, no educar, advertir y corregir. De eso saben mucho los ayuntamientos que les meten unas clavadas de mucho cuidado a sus vecinos. Y no se les ocurra hacer un pliego de descargo contra algunas de las sanciones, porque el ciudadano nunca tiene razón. ¿Cuántas multas recurridas le han dado la razón el Ayuntamiento al ciudadano afectado?, no tengo conocimiento de ninguna. El 99,9% la razón la tiene la administración. Hay más ejemplos en otros ámbitos municipales. O la gente paga un buen abogado, y lo lleva hasta el final si cree que tiene razón o ya puede darse por jodido. ¿Pero quién paga el abogado? los vecinos.


En Viladecans, el  Ayuntamiento busca la manera de recaudar más impuestos a costa de sancionar a "los paganinis". Para ello, no se le ha ocurrido mejor idea que, en la salida de la ciudad, donde más tráfico hay, en la calle Agricultura, pegado a la subida del puente poner un radar para pillar a los conductores y pegarles el sablazo. Está estratégicamente colocado que si no te fijas, que no, nadie se da cuenta de la multa que le va a caer encima. Pero han puesto otro más en Can Guardiola .¿Por qué no han informado de la medida?, pues porque el equipo de gobierno del PSC-ICV es el dueño del “pueblo”.  Como no tienen ya bastante con el famoso radar de los conductores de los autobuses “amarillos”, ahora vienen con otro para que no decaiga la fiesta de las rebajas.


Dicen que entre las funciones de un alcalde está la de detectar posibles conflictos, escuchar a los vecinos para encontrar soluciones y actuar de manera “imparcial”. Igualito que lo que está sucediendo en Viladecans.


Algunos han comentado a la Colla del Mamut que hay cosas más urgentes que solucionar en el “pueblo” y el radar no debería ser prioritario: primero es necesario informar, consensuar y después tomar medidas. Pero en Viladecans, las cosas son al revés, primero se hace, no se explica y como se protesta poco, se consolida la política de hechos consumados.

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