El PDECat y el PNV intentaron que la Ley concursal no afectara a la propiedad de Celsa

La propiedad de Celsa, una de las empresas siderúrgicas más importantes de Catalunya, ha estado en el centro de la atención debido al reciente cambio de control accionarial a manos de fondos inversores. 

Este giro ha generado preocupación ya que, en un principio, se intentó evitar que la compañía estratégica cayera en manos de entidades financieras externas, manteniendo así su carácter familiar y preservando su identidad dentro del tejido industrial de la región.

Los partidos nacionalistas intentaron evitar el cambio de dueños

La propuesta de modificación de la ley concursal por parte del PDECat y el PNV, con el objetivo de redefinir el futuro de Celsa y evitar la salida de la familia Rubiralta de su propiedad, no prosperó como se esperaba.

Todo estaba listo para su registro en el Congreso de los Diputados durante la primera semana de junio del 2023, pero los planes se truncaron cuando Pedro Sánchez anunció inesperadamente la convocatoria de elecciones generales en España, provocando la disolución automática del Congreso. Esto impidió la reunión entre los representantes del PNV y el PDECat y dejó la enmienda sin avanzar, quedando relegada a un cajón.

Este revés deja en el aire el futuro de Celsa, una de las empresas familiares más relevantes de Catalunya. La ley concursal, clave en esta cuestión, permite a los acreedores adquirir la propiedad de la empresa sin necesidad del consentimiento de sus propietarios originales, como es el caso de la familia Rubiralta. Esto representa un cambio significativo en el gobierno de la compañía, puesto que los fondos acreedores podrían tomar el control total de la empresa.

Participación activa de la familia Rubiralta

Aunque la propuesta de modificación legislativa buscaba introducir disposiciones para garantizar una participación más activa de los propietarios originales en los procesos de reestructuración, su no aprobación deja a la familia Rubiralta en una posición de vulnerabilidad. Esta incertidumbre se une a los retos derivados de la complejidad del proceso concursal y sus repercusiones en la continuidad de la actividad empresarial y el empleo.

Mientras las negociaciones políticas se dilatan, las consecuencias de la no aprobación de la ley concursal siguen siendo una preocupación para las partes implicadas, incluidos los trabajadores de Celsa, los actores del sector industrial y las autoridades públicas. Esto podría tener efectos a largo plazo en la economía y el tejido empresarial de la región.

Pese a los esfuerzos por encontrar una solución, el paro de la enmienda a la ley concursal pone de manifiesto la complejidad y los desafíos inherentes a los procesos de reestructuración empresarial, especialmente cuando se trata de casos como el de Celsa, con un impacto significativo en el entorno económico y social de un país entero y de un sector puntero. 

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