La 'cacicada' del Edificio de la Vergüenza

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El alcalde ha hecho de Viladecans un auténtico parque temático tanto para él, como para sus amigos, como para cualquier inversor que quiera sacar tajada. Otro ejemplo más que podría ensuciar las manos del socialista es la construcción de un edificio muy rentable a nivel de negocio, pero desolador a nivel urbanístico, social, ético y visual. Un bloque de siete plantas que molesta a los ojos por su ubicación e incomoda a los vecinos del barrio.


El año pasado, los vecinos de la zona que agrupa las calles Josep Pallach y Nou, esquina Salvador Baroné de Viladecans, asistieron a la sesión del pleno municipal y consiguieron la mayoría política suficiente para sacar adelante una moción que pedía la paralización de más plantas del edificio de ya siete pisos que rompe el equilibrio y la estética de las edificaciones de la zona.


Ante eso, la maniobra del ayuntamiento ecosocialista de Viladecans fue crear una comisión y encargar a los servicios jurídicos del Área de Planificación Territorial estudiar la “legalidad de la construcción”. Esta última es algo que nadie pone en duda, a diferencia de la “legalidad política y ética” del equipo de gobierno formado por PSC e ICV-EUiA, que antepone los intereses particulares del Ayuntamiento a los de los vecinos y a la estética del municipio, pues este “edificio de la vergüenza” supone un grave impacto visual.


Lo curioso del tema es que una de las personas que firmó el informe es Josep Enric Luján Lerma, jefe del departamento de Serveis Jurídics de l'Àrea de Planificació Territorial del consistorio, quien también preside la Junta de Compensación afectada. Es un abogado muy activo y gran conocedor de los “temas urbanísticos” de Viladecans.


Lo hecho es legal, nadie lo pone en duda, porque el Ayuntamiento tiene la potestad de modificar cualquier zona con el consentimiento de la Generalitat, que generalmente no pone en entredicho las decisiones del consistorio. Pero, ¿es ético que la persona que autoriza el tema sea, a la vez, quien tiene que evaluar la legalidad de la edificación? No se trata de eso, sino de una decisión política, de pura especulación, de desastre urbanístico y de perjuicio para la ciudadanía.


En este sentido, la falta ética implica las mentiras que se le hicieron a los habitantes prometiendo que los pisos construidos serían de “protección oficial”, cuando los precios de los mismos dicen totalmente lo contrario.


Poco a poco, la crispación social ha ido aumentando, hasta el punto de crearse manifestaciones para pedir la dimisión del alcalde, siendo todos miembros de la Asociación La Taxonera, Plataforma del Polideportivo Centro y Plataforma en Defensa del Polígono Centro.


La Taxonera llegó a mantener una reunión con el eurodiputado Ernest Maragall, quién tomó buena nota del edificio de la vergüenza y sus alrededores.


Los protestantes denuncian públicamente que dicho bloque está construido encima de la riera de Can Pere Trius y se preguntan “qué pasará en épocas de lluvia". Siguen insistiendo en que "no han sido informados en ningún momento sobre el proyecto urbanístico que ha propuesto el Ayuntamiento" que pretende entre otras cosas "hacer que cedan entre el 50% y el 70% de su propiedad para construir casas unifamiliares o hacer pagar a los propietarios jubilados afectadas de Albarosa entre 50.000 y 70.000 euros para la realización de la calle Josep Pallars".


La Asociación de Vecinos sigue pendiente de todo esto. El próximo lunes mantendrán una reunión con el Ayuntamiento para volver a recriminar la construcción e intentar encontrar una solución.

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