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​Acciona lleva a juicio a la Generalitat por el caso de ATLL

La empresa reclama medidas cautelarísimas al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para no tener que entregar las llaves de Aigües Ter-Llobregat el 31 de diciembre.

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La empresa  Acciona ha reclamado medidas cautelarísimas al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) con el objetivo de no tener que entregar las llaves de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) el 31 de diciembre.


Esta es al respuesta de Acciona a la carta que envió el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, a la compañía, en la que pedía que abandonara la concesión antes del próximo lunes.


ATLL 2


Así lo han confirmado a Catalunyapress fuentes de Acciona y de la Conselleria, que ha destacado que Calvet tan solo ha seguido los pasos acordados por decreto ley en julio y que el conseller ha seguido el calendario establecido.


La compañía ha presentado una doble solicitud al TSJC para que dicte medidas cautelares que eviten que el Gobierno catalán asuma el servicio el 1 de enero de 2019. 


Por un lado, se refiere a la misiva de Calvet, y por otro al escrito de Patrimonio de la Generalitat que reclama la devolución de los activos de la concesionaria.


La Generalitat ya subrayó su propósito de asumir de forma directa el servicio de potabilización y producción en alta del agua, pero Acciona presuponía que antes de eso se liquidaría el contrato de concesión.


El 27 de diciembre, el director general de Patrimonio del Gobierno catalán ya citó a ATLL para que hiciese entrega de una relación de bienes y firmase el acta conforme estaba de acuerdo con la devolución de la concesión.


ATLL no ha firmado el acta y ha comunicado a la Generalitat la presentación de los dos recursos en el TSJC.


La comisión de liquidación del contrato ha tenido que reiniciar los trabajos después de que el 19 de noviembre el TSJC especificara que el contrato de ATLL no es nulo de pleno derecho, sino que es anulable.


Este matiz entre lo que es nulo y lo que es anulable puede hacer modificar la liquidación que hizo la propia comisión y que reclamaba a ATLL la devolución de 38 millones, sin reconocerle ninguna indemnización por daños y perjuicios. 


Sigue leyendo en catalunyapress.es.

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