VOX y PP impulsan una ofensiva institucional contra la okupación en Cornellà
Ambos grupos municipales llevan al pleno propuestas para reforzar la protección de propietarios, mejorar la convivencia vecinal y reclamar cambios legislativos frente a la ocupación ilegal
Los grupos municipales de VOX y Partido Popular en Cornellà de Llobregat han presentado iniciativas en el pleno municipal con el objetivo de reforzar la respuesta institucional frente a la okupación ilegal de viviendas. Ambas formaciones coinciden en la necesidad de impulsar medidas de apoyo a los propietarios afectados, mejorar la convivencia vecinal y promover reformas legales que permitan actuar con mayor rapidez ante este fenómeno.
La propuesta de VOX pone el foco en las consecuencias que la ocupación ilegal tiene para los vecinos y las comunidades de propietarios, mientras que el Partido Popular plantea además la necesidad de modificar la legislación estatal para dotar de más herramientas a las administraciones y a los afectados.
Apoyo a los vecinos afectados por la ocupación ilegal
La moción presentada por VOX defiende que la crisis de acceso a la vivienda no puede justificar situaciones de ocupación ilegal ni dejar desprotegidos a los propietarios y residentes que sufren sus consecuencias.
Según la formación de VOX, en diversos barrios de Cornellà los vecinos llevan años denunciando problemas relacionados con conflictos de convivencia, daños en zonas comunes, conexiones ilegales a suministros básicos, acumulación de residuos y situaciones que generan sensación de inseguridad.
El portavoz de VOX en Cornellà, Iván Cánovas, asegura que “la okupación ilegal no es un problema abstracto ni una estadística más, sino una realidad que padecen vecinos concretos, comunidades enteras y propietarios que muchas veces se ven abandonados por las instituciones”.
Cánovas afirma además que “los vecinos de San Ildefonso y de otros barrios de Cornellà saben perfectamente lo que supone convivir con situaciones de okupación ilegal: conflictos, inseguridad, degradación de los espacios comunes y una sensación de impunidad que no puede normalizarse”.
El PP reclama una reforma legal
Por su parte, el portavoz del Partido Popular en Cornellà, Manuel Casado, defiende la necesidad de impulsar cambios legislativos desde el ámbito estatal para facilitar una respuesta más eficaz frente a la ocupación ilegal.
La propuesta popular plantea que el Ayuntamiento respalde el proyecto de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y bienes en las comunidades de propietarios, promovido por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados.
Según Casado, “los vecinos y los propietarios necesitan herramientas legales eficaces, seguridad jurídica y una respuesta rápida”. El dirigente popular considera que los ayuntamientos pueden acompañar a los afectados, pero que resulta imprescindible una reforma normativa que agilice los procedimientos y refuerce la protección de los propietarios.
Bonificaciones fiscales para propietarios afectados
Entre las medidas planteadas figura la posibilidad de que el Ayuntamiento de Cornellà incorpore a partir de 2027 bonificaciones o compensaciones fiscales para aquellos propietarios que puedan acreditar judicialmente que sus viviendas están ocupadas ilegalmente o inmersas en procedimientos de recuperación de la posesión derivados de situaciones prolongadas de impago.
La propuesta busca aliviar parte del impacto económico que soportan los propietarios durante los procesos judiciales y administrativos vinculados a este tipo de situaciones.
Debate sobre convivencia y seguridad
VOX y PP consideran que la ocupación ilegal representa un problema que afecta tanto al derecho de propiedad como a la convivencia vecinal y a la seguridad en determinados entornos residenciales.
Ambas formaciones defienden que las administraciones deben adoptar medidas dentro de sus competencias para apoyar a los vecinos afectados y, al mismo tiempo, reclamar reformas legales que permitan una actuación más rápida y eficaz frente a los casos de ocupación ilegal.
Con esta iniciativa conjunta, los dos grupos buscan situar el debate sobre la okupación en Cornellà en el centro de la agenda política municipal y promover nuevas herramientas de apoyo para propietarios y comunidades de vecinos.

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