Nuevo revés judicial contra la legalización de 12 naves industriales de Sant Esteve

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El Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires ha recibido un nuevo revés judicial en su intento de legalizar las 12 naves, actualmente a pleno rendimiento, que se construyeron en el Polígono Industrial Sesrovires sobre unos terrenos que histórica y legalmente eran propiedad de las familias Farràs. Naves que se deben derribar según Sentencia núm. 177 de 14/05/2010 del Juzgado Contencioso Administrativo 14 de Barcelona, confirmada en apelación por el TSJC en Sentencia núm. 428 de 05.28.2013.


Ajuntament Sant Esteve Sesrovires


La reciente Sentencia núm. 828 del TSJC de 9/09/2019 ha desestimado el recurso de apelación del Ayuntamiento contra el Auto del Juzgado Contencioso Administrativo 14 de Barcelona de 05/16/2018 que anular los Acuerdos del Ayuntamiento que legalizaban las naves industriales que se deben derribar.


El caso se remonta al año 1995, cuando el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires hizo la reparcelación del Polígono y otorgó la propiedad de estas tierras a quien no lo era, a pesar de haberse advertido y acreditado reiteradamente error en que incurría el Ayuntamiento por sus legítimos propietarios, las 14 familias Farràs.


Según el abogado de las familias Farràs, Sergi Aymerich, ya es el segundo intento de legalización del Ayuntamiento frustrado por los Tribunales porque hay que recordar que la Sentencia del TSJC núm. 21 de 25.1.2017 confirmó el Auto del Juzgado Contencioso Administrativo 14 de Barcelona de 14/10/2015 que anular los Acuerdos del Ayuntamiento que legalizaban las naves industriales que se deben derribar.


El Ayuntamiento, según dicta la sentencia, continúa incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligan. 


Por su parte, las familias propietarias de las tierras se han mostrado satisfecha con considera que esta continuada forma de actuar no hace desaparecer los problemas sino al revés, los hace crecer, así como también aumenta la responsabilidad que deberán acabar pagando, más que probablememente, los sesrovirenc. El último ejemplo son los 1.000 euros que el TSJC obliga a pagar al Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires en imponerle las costas procesales que ocasiona por sus recursos.

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