La Fiscalía se querella contra el alcade de Collbató y el ex alcalde de Molins

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La Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra el director de la Oficina del presidente de la Generalitat, Quim Torra, Joan Ramon Casals (PDeCAT), por presunta desobediencia al ceder locales para el 1-O en su etapa como alcalde de Molins de Rei.


Joan ramon casals


Según ha informado el Ministerio Público este viernes, también se ha querellado contra el alcalde de Collbató, Miquel Solà (ERC), por presunta desobediencia por ceder un local para el referéndum a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) lo había suspendido.


Por otro lado, la Fiscalía de Barcelona ha archivado las diligencias de investigación relacionadas con el 1-O relativas a los alcaldes de Badalona, Sant Vicenç dels Horts, Masquefa, Castellví de Rosanes, Corbera de Llobregat, El Papiol, La Palma de Cervelló, Martorell, Olesa de Montserrat y Montgat.


La querella contra Casals, recogida por Europa Press, se ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sant Feliu de Llobregat a raíz de una denuncia, y el escrito ha sido admitido a trámite según fuentes fiscales.


El ministerio público señala que como alcalde de Molins, Casals cedió locales para el 1-O "desatendiendo deliberada y conscientemente el requerimiento" del TC de cumplir con la suspensión.


Fueron centros de votación en esta localidad los locales de titularidad municipal Ceip L'Alzina y Ceip L'Estel, el Centro Cívico Pont de la Cadena y el Ambulatori Vell.


En el caso de Solà, la querella se ha presentado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Martorel a causa del oficio de Fiscalía General del Estado de setiembre de 2017.


La Fiscalía de Barcelona acusa al alcalde de Collbató de permitir la votación en el local de titularidad municipal Escola Graduada Mixta La Salut "pese a conocer sobradamente" que el 1-O había sido suspendido por el TC.


"SOSPECHAS"


El ministerio público también ha informado de que el archivo de las diligencias relacionadas con los alcaldes en 2017 de los otros 10 municipios se ha decretado porque no ha podido constatar que dictaran resoluciones encaminadas a permitir la celebración del referéndum y ceder locales "más allá de las presunciones y fundadas sospechas".


"Tampoco ha resultado acreditado" que los alcaldes de estas localidades, sin formalización escrita, hubieran cedido el uso de locales como puntos de votación o que lo hubieran hecho mediante órdenes a empleados públicos o terceras personas.



Desde septiembre de 2017, la Fiscalía abrió en toda Catalunya una ochentena de diligencias de investigación a alcaldes por el 1-O y una decena ya se ha judicializado, mientras que la mayoría de las restantes se ha archivado.

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