Una escuela de L'Hospitalet, también bajo sospecha por "adoctrinamiento político"

|

Ordenadoresescuela


El Ministerio de Educación ha recibido quejas de padres y madres de una cincuentena de escuelas catalanas por presunto "adoctrinamiento político" de menores como consecuencia del referéndum del 1-O, como detallan tres requerimientos de información del Gobierno central.


Después del 1 de octubre, el Ministerio ha recogido quejas de 54 escuelas e institutos de Terrassa, L'Hospitalet de Llobregat, Viladecavalls, Vic, Gualba, Llagostera, Sant Pol de Mar, Vilanova i la Geltrú, Mataró, Ripoll, Vall-Llobrega (Girona), Selva del Camp, Reus (Tarragona) y Tàrrega (Lleida).


Precisamente, en el caso de L’Hospitalet, una docente habría explicado a sus alumnos que "los que hablan castellano son unos mal educados y barriobajeros".


Las quejas de 24 escuelas hace referencia al tercero de los requerimientos que ha enviado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a la Generalitat, y recoge la relación de casos de escuelas sobre las que se ha presentado queja ante la autoridad educativa.


Entre las quejas, figuran algunas como el seguimiento de huelgas y parones del profesorado en el inicio de curso, convocatorias de protesta por encarcelamiento de los 'jordis', quejas por adoctrinamiento a menores de parvulario y supuestos castigos por hablar castellano.


También hay críticas por una escuela que presuntamente recibió a los alumnos con el canto de 'Els Segadors', la propuesta de un curso de infantil de celebrar la fiesta de fin de curso con una camiseta 'estelada' y críticas por hablar de una represión brutal de la policía estatal en un comunicado del centro, entre otras.


Además de estos casos, el Ministerio señala que han llegado "denuncias anónimas que no se han podido incluir en este informe por temor de los padres a que señalen a sus hijos", y por la exposición de 'estelades' y pancartas de carácter político.


Según el Ministerio, "involucrando a los alumnos en este tipo de actuaciones, se están conculcando diferentes derechos, desde restarles tiempo y enseñanzas en su proceso educativo, como el de no proporcionarles la suficiente protección para su desarrollo personal e intelectual".


También ha lamentado que se pueda sesgar "su formación como ciudadanos libres, comprometidos con la sociedad y el respeto a los valores democráticos instaurados en la Constitución, al hacerles partícipes de un acto suspendido por el Tribunal Constitucional (TC), por lo que es un acto no conforme a la norma del que los alumnos deberían permanecer alejados".


ACUSACIONES A ZOIDO Y RIVERA


La polémica está servida y todos los partidos políticos han decidido posicionarse. Ahora, En Comú ha pedido explicaciones al Gobierno en el Congreso porque considera que ministros como el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, y líderes políticos como el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, están "politizando" el caso de la denuncia contra profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de Barca a los que se investiga por supuesto trato humillante a alumnos hijos de guardias civiles tras los incidentes del referéndum del 1 de octubre.


En un escrito registrado en el Congreso, el diputado de En Comú Joan Mena subraya que, frente a la denuncia presentada por la Fiscalía, desde el centro educativo "niegan las acusaciones" y defienden a los maestros, y que el Consejo Escolar de Catalunya ha reprobado la "utilización mediática" del caso.


En ese contexto, critica que el ministro del Interior haya impulsado una reunión el próximo día 8 en Barcelona para apoyar a las familias de los guardias civiles afectados, lo que a su juicio supone una extralimitación de funciones porque debía ser la Inspección Educativa quien decidiera ese tipo de acciones.


"¿Cree el Gobierno que ayuda a garantizar la buena convivencia necesaria en dicho centro educativo el hecho de que el Ministerio del Interior y el de Educación politicen e instrumentalicen este conflicto", pregunta Mena.


"LINCHAMIENTO" A PROFESORES


Pero el diputado también carga contra Albert Rivera por haberse hecho eco en redes sociales de la fotografía publicada de los profesores investigados y pregunta al Gobierno si ve adecuado que haya líderes políticos que aprovechen para "criminalizar, señalar y provocar un linchamiento a estos docentes sin respetar la presunción de inocencia".


Por último, pide saber "qué medidas, que no sean la instrumentalización política ni la judicialización de la vida educativa, pretende aplicar el Gobierno para garantizar la buena convivencia en el IES El Palau".

El Gobierno encarga informes sobre las actuaciones del profesorado a raiz del caso de Sant Andreu
Un juez de Martorell investiga a un profesor de la escuela de Sant Andreu

COMENTAR

Pressdigital
redaccio@vilapress.cat
Powered by Bigpress
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR ORNA COMUNICACIÓN SL
Mapa Web Condiciones de uso Consejo editorial