El Gobierno encarga informes sobre las actuaciones del profesorado a raiz del caso de Sant Andreu

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Escuela


El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha explicado este miércoles que el Ministerio de Educación ha encargado informes a la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat para detectar posibles situaciones "similares" a las del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca.


Millo, ha asegurado que "podría haber otros centros en los que hubiera habido supuestamente estas actuaciones, que están fuera de lo que se espera de un centro escolar".


El delegado del Gobierno ha recordado que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el de Educación, Marcial Marín, se reunirán el 8 de mayo con guardias civiles padres de alumnos de El Palau y que presuntamente fueron objeto de "un delito de odio y de humillación" por parte de profesores.


A estos padres se les informará de las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno central y se les trasladará todo "el apoyo, como se ha hecho desde el principio", ha detallado Millo.


Preguntado por la difusión de la identidad de los profesores presuntamente implicados en el caso, Millo ha destacado que el Gobierno central respeta "el principio constitucional de inocencia, como no puede ser de otro modo".


NINGUNA DENUNCIA EN EL SÍNDIC


Por su parte, el Síndic de Greuges ha señalado que la Inspección educativa investigó el caso y que ninguna familia presentó queja por los hechos de los días posteriores al 1-O ante la escuela o la Inspección educativa pese a invitarlas a ello.


En un comunicado, ha pedido no hacer un "uso partidista" del caso y garantizar los derechos de toda la comunidad educativa, especialmente de profesores y alumnos.


El Síndic de Greuges ha recordado que abrió una actuación de oficio el 5 de octubre en la que requirió información, obteniendo respuesta de la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat el 31 de enero.


De la respuesta se deriva que la Inspección ha visitado el centro diversas veces para pedir información sobre los hechos, asesorar al director y velar por el buen funcionamiento; que la dirección ha actuado "en todo momento" de acuerdo a sus funciones para recuperar el clima de convivencia, y que no se ha formalizado ninguna queja al centro o la Inspección de las familias, pese a que se invitó a los padres de los alumnos presuntamente afectados a hacerlo.


Según el informe, "los días inmediatamente posteriores al 2 de octubre la relación entre alumnos y docentes, y entre los mismos alumnos, se vio influida por el contexto político", aunque posteriormente se fue normalizando, y que había un clima de preocupación y desasosiego del personal docente, en algunos casos de gravedad.


De la información tramitada por la administración, el Síndic señala que se han llevado a cabo actuaciones para comprobar los hechos y que, pese a que no se ha recibido denuncia de ninguna familia, se han mantenido entrevistas con docentes, alumnos y familias, así como se constata un "seguimiento intensivo" de la Inspección, la administración educativa y los servicios educativos.


El Síndic de Greuges ha remarcado que el hecho de que en los centros educativos trabajen aspectos relacionados con la situación política, por sí mismo, no se tiene que considerar una vulneración de los derechos del alumnado "ni constituye una práctica adoctrinadora".


Ha sostenido que la supresión de contenidos o actividades relacionados con la actualidad por el hecho de que puedan dar lugar a controversia "no es deseable ni desde el punto de vista pedagógico ni desde la perspectiva de los derechos de los niños a la educación".


VÍA PENAL "INADECUADA"


El Síndic de Greuges ha afirmado que la judicialización de la actuación del profesorado por el tratamiento a los acontecimientos políticos de los últimos meses en el aula puede afectar la garantía del derecho a la educación, ya que el clima que genera redunda en el malestar de docentes, que se sienten "coartados" en su libertad de expresarse libremente y ejercer la libertad de cátedra.


El organismo ha considerado que las actuaciones del profesorado que puedan ser inadecuadas se tendrían que resolver en el marco de la supervisión administrativa, a través de la Inspección educativa, y que la tramitación por vía penal resulta "desorbitante e inadecuada, sobre todo cuando se pretende canalizar como delitos de odio", señalando que las fuerzas de seguridad no se prevén como colectivo susceptible de ser objeto de delitos de odio.


El Síndic ha pedido que se respete el principio de presunción de inocencia de los docentes, y ha remarcado que la difusión de datos atenta contra su derecho a la intimidad e imagen, por lo que ha instado a las autoridades competentes a analizar si se ha cometido alguna actuación contraria a la normativa vigente.


"MEDIDAS INMEDIATAS"


En este sentido, ha afirmado que la administración educativa debe proteger los derechos de los alumnos, pero también de los docentes, por lo que ha pedido a la Conselleria "medidas inmediatas" para velar por los derechos de los profesores, ya que no tiene constancia de que haya llevado a cabo ninguna actuación en ese sentido.


El Síndic de Greuges ha censurado la difusión de datos de los docentes, así como las pintadas acusatorias que aparecieron el lunes en la fachada del centro, por "perturbar gravemente" la convivencia en el centro


LOS SINDICATOS, CON LOS PROFESORES


También el STEI-Intersindical ha expresado su apoyo a los docentes del IES El Palau y ha solicitado al Consejo Escolar de Baleares (CEIB) que también se pronuncie al respecto.


En este sentido, desde el STEI-i han explicado que el Consejo Escolar de Catalunya "ya se ha manifestado a favor de los docentes", por lo que han dirigido una petición al presidente del CEIB para que incluya un punto en el orden del día del próximo pleno o comisión permanente que haga referencia a la expresión de apoyo al profesorado del Instituto El Palau.

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